El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), tras conocer el borrador del Real Decreto por el que se modifica Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la dispensación de medicamentos, sometido al trámite de audiencia y consulta pública, comunica que:

Valora positivamente las consideraciones incluidas en este proyecto normativo respecto a la especial trascendencia de las farmacias que atienden a la población de zonas deprimidas. A falta de realizar un estudio del impacto económico sobre el alcance de las modificaciones, se comparte el reconocimiento de estas farmacias como el primer eslabón de la cadena sanitaria y -en muchas ocasiones- el único agente sanitario al que tiene acceso permanente la población rural. Además, constituyen un elemento de cohesión social y de desarrollo, actuando como factor de arraigo y fijando población, lo cual tiene un impacto marcadamente positivo de cara a afrontar el reto demográfico.

Sin embargo, la Organización Farmacéutica Colegial considera que estas medidas específicas para salvaguardar este tipo de farmacias solo son un primer paso. Es preciso que se completen con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde radican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías.

Entre las propuestas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de un modelo de farmacia considerado como uno de los mejores y más eficientes del mundo, el Consejo General considera que el índice corrector se siga aplicando a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de su ubicación. Todo ello, con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal.

Del mismo modo, el Consejo General plantea a las Administraciones un ambicioso conjunto de actuaciones para fortalecer la atención sanitaria y social que desarrolla toda la red de farmacias, especialmente desde el ámbito rural. Entre ellas, destacan:

• La aplicación de incentivos fiscales
• La remuneración de los servicios de urgencia
• La concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) en beneficio de la población a la que atienden, y entre los que se incluyen programas de adherencia, seguimiento y cronicidad; sistemas personalizados de dosificación; conciliación de la medicación al alta hospitalaria; y, por supuesto, la participación en programas y actividades de salud pública, prevención, cribado y detección precoz de enfermedades.
• El desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, impulsando su colaboración en detección de personas en riesgo de vulnerabilidad y atención social; la asistencia a drogodependientes; la detección de situaciones de abandono o soledad de personas mayores; o la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.
• La inclusión de las farmacias en los diferentes instrumentos de apoyo al ámbito rural, en especial a los fondos destinados a proyectos de innovación tecnológica, facilitando que la población rural acceda a estos servicios en las mismas condiciones de igualdad y equidad que la población urbana.

Todas y cada una de estas propuestas responden a la actitud constructiva y vocación de servicio de la profesión farmacéutica, comprometida con los desafíos a los que se enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud, como el fortalecimiento de los distintos niveles asistenciales, especialmente la Atención Primaria; el envejecimiento; el reto demográfico; o la transformación digital.