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La Fundación Alivia lanza una campaña para demandar el derecho de olvido oncológico

La Fundación Oncológica Alivia ha iniciado una campaña de recogida de firmas online. El objetivo es demandar al Ejecutivo que surja de las nuevas elecciones una ley de derecho al olvido oncológico. Según esta organización, se trata de una legislación fundamental para prevenir la discriminación en el ámbito laboral. También para promover la igualdad de oportunidades en seguros y préstamos y fomentar la conciencia y comprensión en la sociedad. En definitiva, para romper estigmas.

El derecho al olvido oncológico busca que las personas que hayan padecido un cáncer a lo largo de su vida no tengan que justificar su historial en actividades cotidianas y necesarias. El Gobierno anunció que iba a reformar la ley actual para incluir un derecho que, aseguró, “beneficiaría a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato de un seguro o préstamo, sin recaída posterior”. La promesa del Ejecutivo era que la norma sería aprobada antes de finalizar este mes de junio. Sin embargo, el adelanto electoral al 23 de julio y la disolución de Congreso y Senado ha llevado a que esta promesa no se haga realidad.

Inclusión y respeto

“No podemos permitir que el adelanto de elecciones generales congele y atrase los derechos de miles de personas y pacientes”. Lo advierte Asensio Rodríguez, director de la Fundación Alivia en España. “La aprobación del derecho al olvido oncológico no solo brindará justicia a quienes han luchado contra el cáncer. También enviaría un poderoso mensaje de inclusión y respeto hacia todos los supervivientes”, añade el dirigente.

Así, trabajos como el realizado por la Fundación Josep Carreras, en torno a la inclusión de los jóvenes que han padecido leucemia, insisten en la discriminación que sufren muchos ciudadanos. Según este informe, la mitad de los jóvenes de entre 18 y 35 años que han padecido este tipo de cáncer tienen inconvenientes adicionales para acceder al mercado laboral. Además, el 80% encuentran obstáculos en el momento de contratar productos bancarios o seguros.

Pacientes como Claudia Alcántara Villanueva, diagnosticada de un fibrosarcoma facial a los 17 años y que ahora cumple 30, expresan lo que representa para ellos el olvido oncológico. “No he podido acceder a ningún seguro privado de salud debido a que no cumplo con los requisitos médicos pese a no recibir tratamiento desde hace 7 años. El derecho al olvido oncológico me abriría las puertas a poder elegir un seguro privado de salud que se adapte a mis necesidades”.

Resolución del Parlamento Europeo

El 16 de febrero de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre una estrategia global y coordinada en la lucha contra el cáncer. Los eurodiputados establecieron que las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer. Pidieron que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores. Además, fijaron 2025 como fecha tope para que los estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes europeos. Todo ello teniendo presente como criterio temporal 10 años después del final del tratamiento. Y, a más tardar, cinco años después para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años.

A fecha de hoy, países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Portugal, Países Bajos y Luxemburgo ya han tomado medidas para cumplir con las directrices europeas. Para Asensio Rodríguez, “resulta desconcertante y preocupante que esta ley no exista en España. Es evidente que existe una necesidad apremiante para abordar y eliminar los prejuicios que enfrentan las personas que han superado el cáncer”.

Los ciudadanos que deseen apoyar la demanda de una ley de olvido oncológico en España de forma inmediata pueden firmar en la plataforma habilitada al efecto por parte de la Fundación Alivia. Una vez que se haya logrado recopilar un número de firmas suficiente, la fundación acudirá con su reclamación a la administración.

Beatriz Vadillo

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