El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha mostrado su satisfacción por el inicio del trámite parlamentario del proyecto de ley de Ordenación y Atención Farmacéutica y valora de forma positiva el texto publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El documento aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se remite ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación y aprobación, presenta una serie de novedades que, sin duda, ofrecen nuevas garantías y derechos en la actual prestación farmacéutica que responden a las necesidades de los ciudadanos y se adaptan a los nuevos tiempos.

Horarios de apertura

Entre estas novedades, figura la nueva regulación de los horarios de apertura de las oficinas de farmacia. El Colegio desea aclarar en este punto que no se trata de una liberalización, sino de una flexibilización regulada de los horarios que prima, por encima de todo, la información al ciudadano.

El proyecto de ley establece, al respecto, un horario ordinario y oficial de las oficinas de farmacia de 40 horas semanales, de lunes a sábado inclusive, que tendrá carácter de mínimo y que deben cumplir todas las farmacias.

Por otra parte, se permite una ampliación de horarios hasta un máximo de 24 horas al día a las oficinas de farmacia que, voluntariamente, así lo decidan. En cualquier caso, el horario fijado por el titular deberá ser comunicado previamente a la autoridad sanitaria antes del 15 de diciembre de cada año, estando obligados a mantenerlo durante un año. El objetivo de esta cautela es, precisamente, salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos y garantizar un acceso seguro a los medicamentos.

El texto atiende, además, una demanda de la farmacia rural al ofrecer la posibilidad a los farmacéuticos establecidos en municipios de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con centro de salud, a fijar un horario ordinario continuo de atención de 35 horas semanales.

El Colegio se pone a disposición de todos los Grupos Parlamentarios con el fin de alcanzar el máximo consenso político posible para una norma que adapta un marco legal que data de 1998 y que ofrece una respuesta satisfactoria a las demandas de los ciudadanos y de los profesionales farmacéuticos.